El laberinto de la oposición

Por: Juan Sanoja | @JuanSanoja

La oposición vivió durante mucho tiempo bajo la cobija de una gran mentira: ‘somos más, somos mayoría’. El engaño era comprensible y tenía sus raíces en las entrañas de la política (nadie apuesta a caballo perdedor), pero carecía de un analgésico que paliase el dolor tras cada derrota electoral. La pastillita del fraude algo calmaba, aunque tenía severos efectos secundarios. Uno de ellos, quizá el más importante, era la desmovilización. ‘Si me van a robar mi voto, ¿para qué ir a sufragar?’, fue un pensamiento que años después costó cielo y tierra remover de millones de cerebros venezolanos.

Tuvieron que salir voceros, candidatos y analistas a decir que aquello de la trampa electrónica no era cierto, que la triquiñuela tenía que ver más con el sufragio inducido y los centros remotos, que lo importante, a ciencia cierta, era tener los testigos de mesa suficientes, pero de que había que votar, había que votar. Aquel limbo electoral costó caro, carísimo (2005: prohibido olvidar), e hizo que la oposición perdiera gobernaciones, alcaldías y diputados a mediados de la década pasada. Como el estudiante que sólo se prepara para los finales, el antichavismo centró sus esfuerzos en las presidenciales del 2006, pero ya era demasiado tarde. Tarde para ganar esas elecciones y tarde para recoger la semilla mental que habían sembrado. El fantasma de la desconfianza estaría allí para siempre.

Única en el mundo, la política venezolana es tan peculiar que te permite estar equivocado y tener la razón al mismo tiempo. Jugar a la abstención y a la pataleta del fraude contra un chavismo que no aguantaba dos pedidas para contarse hizo perder tanto terreno a la oposición que hasta tuvo que empezar de cero. El problema llegó cuando, después de alcanzar la tan anhelada mayoría, su rival, la Revolución Bolivariana, perdió el gusto por las urnas electorales. Tras las Parlamentarias 2015, el chavismo decidió que la gula no volvería (20 elecciones en 17 años) y que ahora tendría un apetito moderado y de platos excéntricos.

Esquivar votaciones, a partir de ese momento, pasaría a ser política de Estado. Con Tibisay al mando, sería imposible competir en una batalla comicial. Teniendo al TSJ revolucionario en contra, la AN serviría de poco o nada.

Ningún camino lleva a Roma

 “Ofrecimos que en un lapso de seis meses contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional propondríamos un método, un sistema, para cambiar el gobierno por vía constitucional”, recordaba Henry Ramos Allup tras ser electo presidente del Parlamento. Era 5 de enero de 2016 y la oposición confirmaba una promesa de campaña: ‘En junio les diremos cómo sacar a Maduro’. Dos años atrás Leopoldo lo había intentado con la certeza de que la calle era la salida y aquello había terminado con el líder preso y las avenidas vacías.

El triunfo del 6-D, no obstante, permitía ser optimista: por primera vez en diecisiete años de Revolución Bolivariana la oposición daba paliza en una elección. Era apenas su segunda victoria en veinte comicios, pero los 7.7 millones de votos y los 112 diputados le permitirían debutar como cabecilla de un Poder Público. Algo de azul entre tanta institución roja rojita. Controlarían el Legislativo, que a diferencia del Electoral, el Ciudadano y el Judicial, es un poder elegido por votos y no por las manos negras del nepotismo y la corrupción, esas que, paradójicamente, habían dominado la AN en los últimos tres lustros con un solo objetivo: pintar un Estado unicolor.

La Asamblea Nacional, ya se sabe, es un súper poder: con ella a su merced, Diosdado Cabello armó un TSJ revolucionario, mantuvo a la eterna Tibisay como jefa del CNE y conformó el trinomio del Consejo Moral Republicano: Tarek William Saab (Defensor), Luisa Ortega –“Pido disculpas por haber permitido que fuese Fiscal General”– y Manuel Galindo (Contralor). Por tal razón, las sorpresivas dos terceras partes obtenidas por la oposición invitaban a soñar. Cambiar al gobierno dejaría de ser una utopía y la MUD tendría con qué ir equilibrando la correlación de fuerzas con el chavismo, corporación aglutinadora por excelencia.

Tres eran los métodos que estaban sobre la mesa para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Eran propuestas de diferentes partidos: enmienda constitucional para eliminar la reelección indefinida y recortar el período presidencial a cuatro años (Causa R), una Asamblea Nacional Constituyente para renovar los Poderes Públicos (Voluntad Popular) y un referéndum revocatorio (AD y PJ). Al final, Henrique y Henry se impusieron: tocaba entonces empezar a recoger las firmas.

El Consejo Nacional Electoral, otro poder militante, aplicó la operación morrocoy e hizo de la recaudación de rubricas un proceso aún más largo y engorroso: firmar, validar, cotejar, contrastar, retirar, comprobar, verificar y un sinfín de pasos más que alargarían hasta 2017 los comicios, para tranquilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso sin contar que las recolecciones serían proporcionales por Estado y no de ámbito nacional.

“Yo tengo una fórmula. Es 10 de enero y el referendo se hace, suponte, en marzo. Sacan a Nicolás. Bueno, el que sea vicepresidente asume la presidencia, ¿verdad? Nombra a Nicolás de vicepresidente y a la semana renuncia. Todo dentro de la Constitución. A la semana renuncia y el artículo 233 dice que recibe la presidencia el vicepresidente. ¿Qué van a hacer? ¿Otro referendo?”, dijo por ese entonces Diosdado Cabello, tan campante como siempre.

La fórmula, sin embargo, ni siquiera tuvo que implementarse: tribunales penales, junto al CNE, anularon el proceso y la oposición quedó a la deriva. En la conmoción convocaron la Toma de Venezuela y anunciaron un juicio político contra Maduro. Después vino el diálogo y se enfrió todo: la oposición empezó a dejar de creer en sus dirigentes, esos  que tantas veces habían prometido que la caída del régimen estaba cerca y quienes a principio de año aseguraban que en tan sólo seis meses le dirían al país la receta mágica para sacar a Nicolás de Miraflores. Muchas promesas, pocos resultados. Sentarse con el enemigo, en esas circunstancias, desplomó el empuje que el 6-D había significado. El país seguiría igual, con el chavismo atornillado en el poder.

No hay vuelta atrás

“Si nos quitan la oportunidad de decidir puede pasar cualquier cosa y no queremos un estallido social”. Faltaban casi seis meses para que las sentencias 155 y 156 desataran la locura en el país, pero Capriles, en octubre de 2016, ya hablaba con preocupación sobre una posible eclosión en Venezuela. Las salidas constitucionales a la crisis habían sido bloqueadas y el descontento, en algún momento, iba a reventar.

Por oscuro e infructuoso, aquel diálogo fue caldo de cultivo para que, en la actualidad, optar por esa alternativa genere repulsión en gran parte de la oposición venezolana. ¿Sentarse a conversar con quienes bloquearon descaradamente el RR con una política sucia e inconsciente? ¿Buscar soluciones junto a las personas que convirtieron la Asamblea Nacional, que tanto sudor había costado y que en el papel tanto poder tenía, en una institución anodina e ignorada? ¿Discutir con dirigentes que propusieron una ANC adulterada como supuesto mecanismo para garantizar la paz? Aunque Rodríguez Zapatero haya llegado a última hora, todo indica que el choque de trenes es inevitable.

La Unidad, que ha pecado siempre de desmovilizadora, carece de otra puerta de salida: al saberse mayoría, no puede aceptar un diálogo en el que sea otro quien imponga las condiciones. Agotadas las vías legislativas y electorales, irá hasta el final con la presión de calle. Una calle que en el pasado no ha dado resultados pero que, a día de hoy y por ahora, es la única respuesta al conflicto. Ya son casi dos décadas de chavismo y la oposición, cuando juró haber encontrado el camino indicado, chocó contra el muro de la perversión. Deberá desviar su camino y volver a pasar por rutas que antes descartó, pero que en la actualidad parecen ser el único escape que tiene el laberinto.

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