¡Ladronazo!

Repetidamente lo advirtió: “No soy tan tonto como creen”. Y las revelaciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz parecen confirmarlo: el presidente obrero ha resultado ser todo un pillo. De siete suelas o de cuatro esquinas, como diría el Comandante eterno que se murió. Según los papeles de la Fiscal, Maduro sacó del erario público entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo valiéndose de una empresa afín. “Usaron como fachada la empresa venezolana ConteXtus Comunicación Corporativa, propiedad de Mónica Ortigoza Villasmil, quien es esposa de Alejandro Escarrá Gil, sobrino del constituyente Hermann Escarrá”, explicó Ortega Díaz. Pero aún hay más. Aparte de esta operación clásica de desvío de fondos –nada que no se haya visto antes–, Maduro habría perpetrado también lo que en jerga criminal podría considerarse un golpe magistral, digno de Ocean’s Eleven: la estafa de los CLAP, que consistió, básicamente, en empobrecer a la población a niveles africanos para hacerla dependiente de una caja de comida que el Estado compraba con altísimo sobreprecio…a una empresa de su propiedad. Algo semejante a lo que hacía Rafael Leónidas Trujillo, “El Chivo”, en Dominicana, quien al momento de su muerte era propietario de 111 empresas y tenía una fortuna de 800 millones de dólares. El nombre del consorcio con el que Maduro, siempre según la Fiscal (“esas pruebas las tenemos con nosotros”), se estaría lucrando del hambre que él mismo provocó en los venezolanos es Group Grand Limited, “una sociedad registrada en Hong Kong, [que] ha logrado venderle alimentos a Venezuela por más de $200 millones en una negociación aprobada con la firma de Nicolás Maduro y con la intermediación de la Gobernación de Táchira”, según se lee en una investigación de Armando.Info. Y todavía hay más: sobre el mandatario pesa la denuncia de haberle dado a la publicista brasileña Monina Moura, para que trabajara en la campaña de la reelección de Chávez en 2012, $11 millones en ‘cash’, “a través de pagos hechos por las empresas Odebrecht y Andrade Gutierrez”, según un documento de la justicia de Brasil. Que no quepa duda: tonto no es.

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