¿Cómo llegamos a esta crisis? Parte II

Foto: AFP

En 2015, Víctor Salmerón –periodista especializado en economía– publicó el libro La economía del caos, con el sello Punto Cero. En él, entrevista a fondo a seis expertos para analizar los escenarios en el corto y mediano plazo de una Venezuela que lucía encaminada a un periodo de mayor turbulencia. En el primer capítulo, Víctor desmenuza los problemas que padece la economía venezolana. Hoy día, en el 2018, ese capítulo llamado Los cavernarios ayuda a comprender cómo Venezuela llegó a la peor crisis de su historia, a una situación de hiperinflación y de emergencia humanitaria. En Revista Ojo, con autorización de Punto Cero, dividimos el capítulo en cuatro entregas que forman parte de una serie que hemos denominado ¿Cómo llegamos a esta crisis?

En la primera entrega, se habla de la escasez que ya reinaba en el 2015 y del espejismo que se construyó gracias al boom petrolero. En esta, se aborda cómo los salarios se fueron diluyendo y cómo la reventa (alias bachaqueo) fue ganando terreno en el país.

 

Salarios diluidos

Los precios han ingresado en un ciclo frenético. Violando las leyes el directorio del Banco Central dejó de publicar la inflación en 2014 después de que ese año se ubicara en 68,5 %, el cuarto registro más elevado desde 1950, pero los venezolanos no necesitan un número oficial para constatar que el desequilibrio continuó agravándose en 2015.

El precio de los electrodomésticos, calzado, ropa, restaurantes, alimentos simplemente ha perdido el ancla. De hecho, LatinFocus Consensus Forecast, firma que elabora un informe que agrupa las proyecciones de entidades financieras como Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Citigroup, Novo Banco, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays Capital, Ecoanalítica y Oxford Economics, señala al cierre de agosto que «las expectativas económicas de Venezuela son desalentadoras».

El promedio de lo que proyectan las entidades financieras que incluye LatinFocus en su reporte apuntan a que en 2015 la inflación estará en torno a 150 % y para algunos analistas esta cifra es conservadora.

La principal causa de la aceleración de la inflación es que el gasto del Gobierno supera el ingreso que obtiene por la venta de petróleo, impuestos y endeudamiento, es decir, no tiene cómo pagar sus cuentas, pero ha encontrado una manera silenciosa y rudimentaria de tapar el hueco: pedirle al Banco Central que fabrique billetes y se los entregue[1].

El financiamiento del Banco Central se concreta a través de Pdvsa, la empresa petrolera que está bajo control del Estado. La ingeniería financiera es la siguiente: la compañía emite unos bonos y se los vende al Banco Central que fabrica los nuevos billetes para comprarlos. Una vez Pdvsa tiene los recursos en caja los utiliza para cubrir gastos como salarios, facturas pendientes con contratistas o construcción de viviendas[2].

Cuando estos bolívares entran en circulación estimulan la demanda en momentos en que la oferta no puede reaccionar por la debilidad de las empresas públicas y privadas. La consecuencia es más dinero detrás de los mismos productos y servicios: la ecuación perfecta para que los precios aumenten.

Esto no es todo, el dinero que fabrica el Banco Central para financiar al Gobierno se multiplica al ingresar al sistema financiero y por esta vía también genera presión inflacionaria. Por ejemplo: el Banco Central crea 100 bolívares que Pdvsa utiliza para pagarle a una de las compañías que le presta servicios. La compañía recibe los 100 bolívares y los deposita en una organización financiera que está obligada a conservar 31 bolívares a manera de reserva, pero puede prestar 69 bolívares a alguno de sus clientes, como una microempresa. Así, ya no solo existen los cien bolívares que la contratista de Pdvsa tiene en esta entidad bancaria, se añaden los 69 que recibió la microempresa a través del crédito.

Técnicamente, esto es lo que los economistas llaman el multiplicador monetario. Los bancos no prestan en función del dinero que tienen sino del que van a tener. Y la liquidez por el financiamiento del Banco Central a Pdvsa crece a paso firme[3].

En la inflación también influye un engorroso y disfuncional sistema cambiario. El Gobierno asigna las divisas mediante una maraña que consiste en que el dólar tiene tres precios: 6,30 bolívares para la gran mayoría de los sectores que tienen la suerte de recibir asignaciones de billetes verdes; un punto de partida de 12 bolívares para las empresas que no ingresan en este primer tramo y participan en las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) y alrededor de 200 bolívares para una fracción muy pequeña atendida a través del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).

Nicolás Maduro resumió el complicado rompecabezas el 10 de febrero de 2015: «La circulación de divisas para el funcionamiento económico y social del país es un mercado. Cuando tú lo englobas es el 100 %, ¿verdad?, el 70 % lo cubre el 6,30, el otro 20-25 % lo cubre el Sicad y entonces este 3,5 %, que es lo que va quedando, lo va a cubrir este sistema que es un ensayo [el Simadi]».

Foto: Reuters – La sede de Pdvsa en Caracas

Muy pocos países implementan un sistema de cambios múltiples, de hecho, ni aliados de Venezuela como Bolivia, Nicaragua o Ecuador lo hacen. La gran mayoría mantiene un solo precio para el dólar, fijo o flexible. En el modelo en que el tipo de cambio está fijo, si el Gobierno imprime una gran cantidad de dinero para financiarse porque no puede cubrir sus gastos, los billetes inundan la economía y los ciudadanos aumentan la compra de dólares. Entonces, el tanque de divisas disponibles para ser vendidas, es decir, las reservas internacionales, desciende velozmente.

Si el tipo de cambio es flexible y el Gobierno imprime montañas de billetes para financiarse, el Banco Central puede mantener el nivel de las reservas internacionales pero tiene que dejar que el precio del dólar aumente hasta que la demanda de divisas pierda intensidad, porque se tornan muy caras.

Así, en los sistemas de cambio fijo o flexible, existe un ajuste automático que impide que el Gobierno emita dinero sin ningún tipo de límite para financiarse, porque o caen las reservas internacionales o el precio del dólar se dispara.

Para evadir este inconveniente Nicolás Maduro y sus ministros implementan un sistema donde el precio del dólar está fijo, en cada uno de sus tres tipos de cambio, y además solo pueden comprar divisas quienes reciben el visto bueno de las autoridades. A simple vista, todo parece despejado para que el Banco Central fabrique billetes en grandes cantidades para financiar al Gobierno sin que surjan inconvenientes en el flanco cambiario, pero cuando hay desequilibrios la economía es como un río salvaje.

La enorme diferencia entre los dólares que el Banco Central vende y los que en verdad desean comprar los ciudadanos ha dado origen a un mercado paralelo, al margen de los que maneja el Gobierno, donde la demanda es gigantesca y la oferta muy escasa. En este mercado la moneda estadounidense luce como un cohete indetenible que mes a mes se aleja de los parámetros oficiales. Al cierre de agosto de 2015 el dólar se cotizaba a un nivel que superaba en 11.000 % al tipo de cambio de 6,30 bolívares[4].

¿Cómo y quién mide el dólar paralelo? A falta de un mercado libre y ordenado, páginas web se han convertido en la referencia que día a día siguen los venezolanos. Básicamente reflejan el tipo de cambio que tendría que pagar alguien si va a la ciudad fronteriza de Cúcuta con bolívares, los cambia a pesos colombianos y luego adquiere dólares en Colombia[5].

Se trata de una medición imperfecta, sobre un mercado con muy pocas transacciones, pero que es el único que existe porque el Gobierno se niega a abrir una ventana donde el dólar fluctúe libremente, y las consecuencias no han sido pocas. Un estudio elaborado por la firma Ecoanalítica determina que un tercio de las categorías en las que el Banco Central de Venezuela divide los bienes y servicios que utiliza para calcular la inflación tienen precios altamente correlacionados con el dólar paralelo, concretamente, bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles, esparcimiento y cultura, vestido y calzado, alquiler de viviendas y equipamiento del hogar.

Se trata de sectores que reciben pocas divisas por los canales oficiales y, como en la mayoría de los casos no están sujetos a controles de precios, fijan sus costos de acuerdo al comportamiento del dólar paralelo.

La combinación de un gobierno financiado por el Banco Central y que vende la gran mayoría de los dólares a una cantidad fija, de 6,30 bolívares, crea un círculo vicioso: el financiamiento del Banco Central impulsa los precios y por ende se incrementan los gastos del Gobierno porque los trabajadores públicos exigen aumentos de salarios o se encarecen las baldosas que el Estado utiliza para construir viviendas. Al mismo tiempo, más de dos tercios de los dólares que aporta el petróleo continúan vendiéndose al tipo de cambio de 6,30 bolívares, una cantidad que cada día compra menos. Entonces, la brecha que tiene el Gobierno entre ingresos y gastos aumenta y la salida es solicitarle al Banco Central que emita una mayor suma de dinero, con lo que la inflación gana velocidad.

Humberto Gómez atiende uno de los tantos locales que venden películas piratas para DVD y Blu-ray en Caracas. Con un dejo de nostalgia me explica que «hace dos meses quería comprarme un par de zapatos porque los que tengo para trabajar se están rompiendo. Miré los precios en las zapaterías y no me decidí. Ahora cuestan el doble».

Ya no se sabe lo que es caro o barato, los precios varían notablemente de semana en semana y el billete de 100 bolívares, el de mayor denominación, ya no alcanza para comprar una Coca-Cola o una barra de chocolate. Los vendedores informales, que ofrecen frutas en determinados puntos de Caracas, buscan afanosamente puntos de venta inalámbricos porque de lo contrario los compradores necesitarían un fajo demasiado grande de billetes para pagar una patilla, un melón y doce naranjas.

En los centros comerciales un jean cuesta dos salarios mínimos y aquellos que tienen excedentes, los cambian a dólares en el mercado paralelo para proteger sus ahorros en una moneda estable. Otros buscan adelantar las compras bajo la certeza de que en poco tiempo todo costará mucho más. Los bolívares pasan velozmente de mano en mano, nadie los quiere conservar por mucho tiempo. Mañana valdrán menos.

La reventa

A la salida de la estación del Metro en Petare, una de las zonas donde se concentran las clases populares en Caracas, surge una larga hilera de toldos y manteles que tapizan aceras malolientes por la basura acumulada. Es el modo de vida de quienes militan en el gigantesco ejército de la economía informal y se desempeñan como vendedores ambulantes. El empleo en Venezuela es un bien escaso pero nadie puede darse el lujo de permanecer inactivo, no existe ningún tipo de protección para los desocupados: un tercio de quienes trabajan lo hacen en empleos calificados de precarios, es decir, con remuneración igual o inferior al salario mínimo, en labores que están por debajo de su nivel de calificación, en jornadas de 15 o menos horas a la semana o en horarios extenuantes a cambio de muy poco dinero. Así es como la economía poco productiva y sin inversión privada aparece a plena luz del día en cientos de calles y avenidas[6].

Pero ahora la ocupación de vendedor ambulante en Petare puede ser más lucrativa que muchos empleos en empresas de primer orden. A través de conexiones o asegurándose los primeros puestos en las colas de los supermercados públicos o privados, quienes abarrotan las aceras con sus tarantines obtienen café, harina de maíz precocida, arroz, leche en polvo, pañales, jabones, a precios controlados que luego ofertan con un voluminoso recargo. Han sido bautizados como «bachaqueros», tal vez porque el bachaco es una hormiga grande y voraz que en masa puede devorar a un sistema de precios desequilibrado.

El propio presidente Nicolás Maduro les ha declarado la guerra señalando que «tenemos que acabar la economía de parásitos y bachaqueros», mas no es tan simple. La policía los persigue pero han creado un efectivo sistema para movilizarse rápidamente y asegurar la mercancía. Cada revendedor solo tiene cuatro o cinco bolsas plásticas con productos, una cantidad sencilla de recoger en caso de que los encargados de vigilar la zona alerten de la presencia policial. Si las vende, al poco tiempo un motorizado se encarga de la reposición y trae otras cuatro bolsas plásticas.

El medio kilo de café que tiene un precio controlado de 23 bolívares, se encuentra sin problemas en las aceras pero a 400 bolívares, es decir, con un recargo de 1.639 %. El kilo de arroz, que en teoría debe costar 25 bolívares, en 200 bolívares, y el kilo de harina de maíz precocida, regulada en 19 bolívares, en 250 bolívares.

La ganancia que se obtiene a través de la reventa luce como un incentivo muy poderoso. Yoselyn me explica que «yo vendo el café en 400 bolívares el medio kilo. Pero a mí me lo venden en 250 bolívares otros que hacen las colas en los supermercados o lo consiguen por ahí. Además tengo que tener un dinero apartado porque en caso de que la policía me agarre tengo que darles algo para que me suelten. Aun así hago mucho más al mes que planchando ropa o limpiando apartamentos».

Yoselyn tiene 25 años, no culminó el bachillerato porque salió embarazada del primero de sus dos hijos y en el corto plazo no tiene pensado terminarlo. «Si lo termino no voy a conseguir mayor cosa. Gracias a Dios que en medio del aumento de los útiles escolares que tengo que comprarles a mis hijos, la ropa, los zapatos, estoy ganando más plata», dice con tranquilidad.

Desde el año 2003 y hasta 2045 la población venezolana tendrá una estructura que en teoría resulta ventajosa: quienes tienen edad de trabajar y producir, superarán a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65 años. Esta condición, que se denomina bono demográfico, permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los ancianos y contar con una mayor mano de obra.

Yoselyn es parte del ejército de hombres y mujeres que necesitan ser atraídos por un programa de formación y una economía que los sume a la productividad para que Venezuela pueda aprovechar el bono demográfico. Los últimos datos disponibles indican que 40 de cada 100 jóvenes no culminan la educación media[7].

Técnicamente la actividad a la que se dedica Yoselyn es el arbitraje, la posibilidad de obtener ventaja por la diferencia de precios que existen en dos mercados. Su negocio acabaría en minutos si no hubiese escasez. Si quienes le compran pudiesen acudir a un supermercado nadie necesitaría ir a Petare a adquirir el medio kilo de café. A su vez, la gran mayoría de los economistas explica que para aumentar la oferta, tendría que incrementarse la producción de las empresas venezolanas, disminuyendo las trabas y sincerando los precios controlados.

Pero la administración de Nicolás Maduro confía en que a través del reforzamiento de los controles podrá corregir el desajuste. Los venezolanos solo pueden adquirir productos regulados una vez a la semana, dependiendo del último número de la cédula de identidad. Además deben colocar sus dos pulgares en captahuellas que registran que ya compró y bloquean la posibilidad de que acuda a otro establecimiento por el mismo producto.

El gobernador del Zulia, el estado más poblado del país, explicó que en esta localidad «diez mil cédulas fueron bloquedas del sistema biométrico, ya que tienen hasta 300 compras por mes»[8].

Consciente de que en Venezuela es común la «clonación» de cédulas de identidad y que muy posiblemente una cantidad importante de zulianos que no revenden alimentos ya no podrán comprar en los supermercados porque la red de bachaqueros estaba utilizando una copia falsa de su documento, Arias Cárdenas indicó que los afectados debían acudir a la Gobernación del Zulia donde evaluarían cada caso.

«Lo de hacer mercado de acuerdo al último número de la cédula es una locura. Ayer había arroz pero como no me tocaba no pude comprarlo. Siempre es así, cuando me toca no hay lo que necesito», me dice una mujer de más de 60 años en uno de los supermercados de la cadena Excelsior Gama.

Pero el arbitraje no se limita al mercado local. El negocio de comprar productos a los bajos precios que fija el Estado y revenderlos en Colombia resulta en un lucrativo negocio que impulsa el contrabando. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mostró cifras reveladoras el 27 de agosto de 2015: «Un litro de leche vale del lado venezolano 200 bolívares, del lado colombiano 14.000 bolívares. 200 bolívares porque nosotros la subsidiamos. ¿Quién se pela esa manguangua?».

Las estadísticas sobre el consumo en Táchira, uno de los estados que limita con Colombia, hablan por sí solas. «El estado Táchira tiene 4,5 % de la población venezolana, 1,3 millones de habitantes según el censo, y consume 8 % del total de alimentos de Venezuela. Carabobo, que tiene 8,3 % de la población, consume la misma cantidad», explicó Diosdado Cabello.

El contrabando no es solo de alimentos. El Gobierno ha mantenido inalterable el precio de la gasolina durante los últimos 15 años, por lo que el combustible es el producto más barato en Venezuela. Revendido en Colombia produce más dinero que el narcotráfico.

«Una pimpina de gasolina vale del lado venezolano un bolívar, del lado colombiano 15.000 bolívares», admitió Diosdado Cabello.

Ante la magnitud del contrabando y tras un ataque a tres militares venezolanos, supuestamente perpetrado por grupos paramilitares, el Gobierno cerró la frontera con Colombia y declaró el estado de excepción en cinco municipios del Táchira[9].

Los incentivos económicos para el contrabando continuaron intactos. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reveló que en la reunión que sostuvo con la canciller venezolana para evaluar el tema planteó lo mismo que han recomendado la mayoría de los economistas venezolanos: «Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que podamos hacer algo en la lucha contra el contrabando. Que subsidien a los pobres, pero no a los productos»[10].

 

Por Víctor Salmerón@vsalmeron 

 

Tapa blanda: 270 páginas

Editor: Ediciones Puntocero (20 de agosto de 2016)

Idioma: Español

ISBN-10: 9789807312363

ISBN-13: 978-9807312363

ASIN: 9807312361


[1]    El informe que el Gobierno entregó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) registra que en 2013, con un precio promedio de la cesta petrolera venezolana de 98 dólares el barril, el gasto del Gobierno, incluyendo todas las empresas públicas, superó en 16,9 % del PIB al ingreso y en 2015 Ecoanalítica calcula que la brecha es de 22 % del PIB.

[2]    Al cierre de marzo de 2015 la deuda de Pdvsa por los bonos que le ha vendido al Banco Central suma 925.000 millones de bolívares, una cifra que se traduce en un salto de 127 % en los últimos 15 meses.

[3]    Las cifras del Banco Central de Venezuela desnudan que entre el 21 de agosto de 2015 y la misma fecha de 2014 la cantidad de dinero en poder del público, que básicamente incluye las monedas y billetes y los depósitos en la banca, registró un salto de 89 %. Un récord histórico.

[4]    A principios de enero de 2015 el dólar se cotizaba en 170 bolívares en el mercado paralelo. Al cierre de agosto cuesta 700 bolívares, es decir, un salto de 311 % en ocho meses.

[5]    La más emblemática de estas páginas es Dólar Today, a la que el gobierno de Nicolás Maduro acusa de conspirar para desestabilizar la economía venezolana.

[6]    Los datos sobre el empleo precario corresponden a la Encuesta sobre Condiciones de Vida. UCAB 2014.

[7]    Encuesta Nacional de Juventud 2013-UCAB, de cobertura nacional.

[8]    Correo del Orinoco. 04-09-2015: 12.

[9]    El cierre de la frontera originalmente fue anunciado por 72 horas el miércoles 19 de agosto de 2015, no obstante luego fue declarado por tiempo indefinido y se amplió el decreto de estado de excepción a los estados Zulia, Apure y Amazonas (sur), completando el cierre total de la línea fronteriza colombo-venezolana el 23 de septiembre.

[10]   El Tiempo. 03-09-2015.

 

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