Revista OJO seguirá solidaria con los presos políticos

Durante las últimas tres semanas publicamos cada día la historia de un preso político venezolano distinto. No fue la más feliz de las tareas (ni tuvo tampoco la más entusiasta de las respuestas, todo hay que decirlo), pero la asumimos como un deber moral inherente a nuestra profesión. Mal podíamos pretender llamarnos medio de comunicación y hacernos la vista gorda ante la injusticia que hace sufrir a cientos de compatriotas. Por ello decidimos dedicar parte de nuestro quehacer diario a denunciar y visibilizar la situación de aquellos venezolanos contra quienes la (in)justicia revolucionaria se cebó con saña por atreverse a disentir. Al hacerlo, encontramos un patrón sistemático de actuación: detenciones sin orden de captura ni flagrancia (entiéndase: secuestros), ruleteos y desapariciones por horas y a veces días, juicios en tribunales militares express con pruebas amañanadas (o a veces, incluso, sin ellas), y, en buena parte de los casos, torturas y maltratos físicos y psicológicos en los centros de reclusión. Todo ello constituye una de las peores caras de Venezuela, con la que nos topamos de frente. Pero no fue la única. Hacer esta serie significó también conocer de abogados que con un tesón ejemplar y un desinterés verdaderamente admirable están gastando su vida en la defensa de estos presos; fue saber la historia de madres, padres y hermanos infatigables que diariamente hacen esfuerzos sobrehumanos por alimentar y sostener a sus familiares que están tras las rejas; fue tener noción de gente anónima que ayuda; y fue, incluso, ver cómo la nobleza y la generosidad brotaban en nuestros propios lectores, que conmovidos con los relatos nos solicitaban información por privado para colaborar con los detenidos. En estas tres semanas sentimos dolor, asco, impotencia, admiración, esperanza y respeto, todo al mismo tiempo. Hubo lugar incluso para la alegría, al enteramos de la liberación de alguno de los presos sobre los que escribimos. Por ello hoy, cuando #PresosDeLaDictadura llega a su fin como serie diaria en ‘Revista OJO’, la despedimos con un compromiso: el de darles siempre, a los presos políticos y a sus familiares, el espacio que necesiten. Aquí estaremos a la orden para lo que necesiten. Mientras haya presos políticos, este OJO no mirará para otro lado, y será el de ustedes.

“Al escucharnos, saca la mano por los barrotes y nos pide la bendición”

Más de 2 meses lleva el matrimonio Velasco Marín madrugando. Desde el 12 de junio, cuando detuvieron al menor de sus hijos, la vida les cambió. Ahora todos los días el despertador suena, religiosamente, a las 4 de la mañana. A esa hora la madre y la abuela se levantan a cocinar 3 comidas distintas: las que Carlos Julio (18) comerá durante el día. A las 6 de la mañana salen y recorren los 120 kilómetros que hay entre Guarenas y Macarao, donde él está preso. “Cuando llegamos al sitio es un dolor muy grande el que siento por ver a mi hijo en una celda, cual delincuente. Un niño inocente, que debe estar viviendo un infierno. Él no nos lo cuenta para no hacernos sentir mal. Pero ver que tu hijo, cuando te puede oír la voz, saca la mano por medio de unos barrotes y te grita: ‘papá, mamá, la bendición’, eso me revienta el alma”, narra su padre. A las 11 de la mañana, destrozados, vuelven al hogar y comienzan otra lucha: la de conseguir los alimentos con los que prepararle la comida que le llevarán al día siguiente. “Mi trabajo está por el piso desde hace año y medio; vendo materiales eléctricos y económicamente estamos muy precarios”, explica el padre, un hombre destrozado: “No duermo y me deprimo por cualquier cosa. Caí en una depresión severa con ataques de pánico y sufro una neuritis intercostal: tengo comprimidas las costillas del tórax por efecto de la angustia y del stress. Todo esto a raíz de la situación de mi hijo”. Situación que comenzó ese 12 de junio, cuando auxiliando a un anciano ahogado por los gases lacrimógenos, Carlos Julio fue detenido junto con otros 18 manifestantes en las inmediaciones del Centro San Ignacio. Incendio, detentación de sustancias incendiarias, agavillamiento, homicidio intencional en grado de frustración, terrorismo e instigación pública fueron los delitos que un Tribunal de Control les imputó sin prueba alguna: “En el expediente no hay nada que pueda evidenciar ningún tipo de elemento de convicción que pudiera señalar que ellos cometieron algunos de esos delitos”, explica su abogada. Poco importa. Desde ese día, un despertador suena a las 4 de la mañana en Guarenas y dos padres dejan la vida rumbo a Macarao.

Juan Pedro Lares: Rehén de los gánsters revolucionarios

Como toda película de gánsters, esta arranca con varias amenazas: las que constantemente recibía el político merideño Omar Lares por atreverse a oponerse al gobierno revolucionario en un estado rojo-rojito como lo era Mérida a principios del 2000. Como toda película de gánsters, esta continúa con dos atentados: el que Lares sufre en el año 2005, cuando le propinan 3 disparos; y del que es víctima en 2010, cuando los colectivos roban y asaltan su casa. Y como toda película de gánsters esta termina con un secuestro: el que los cuerpos represivos de la dictadura llevan a cabo contra su hijo. Es 30 de julio de 2017 y Lares, eterno sobreviviente de mil peligros, tiene tres años como Alcalde del Municipio Campo Elías, en Mérida. El ejercicio del cargo no ha sido nada sencillo: en su municipio ha habido protestas desde abril, él no las ha reprimido y la dictadura lo tiene, una vez más, en la mira. Ese domingo, el del fraude constituyente, a la par que inventaba votos, la revolución también irrumpe en su casa con una orden de captura emitida por el TSJ. Más de cien efectivos del SEBIN, la PNB, la GNB y los Tupamaros se hacen presentes con todo su aparataje. No pueden derribar la puerta principal, y entran por una ventana. Es una vieja casona colonial la que habita Lares, con patio interno, mil puertas y techos bajos, lo que le permite escapar por una de las puertas traseras. Toda la familia corre con él, pero el hijo mayor, Juan Pedro Lares Rangel, de 23 años, se queda atrás. “No te preocupes que a mí no me van a hacer nada”, le dice al padre, sabiéndose inocente. Pero sí le hacen: lo arrestan y desaparecen. ¿Por qué? Porque la de la revolución es una película de gánsters en la que secuestran y toman como rehenes a familiares para torturar a sus adversarios. En el caso de Juan Pedro Lares no había delito ni mucho menos orden de captura: sólo el vínculo afectivo y consanguíneo. Gestiones diplomáticas (Lares es ciudadano colombiano) hicieron que a los días se supiera su paradero: la sede del SEBIN, en El Helicoide, donde cumple hoy un mes detenido por ser hijo de un alcalde rebelde.

Carlos Graffe: Recluido y sin defensa

Terminó su cita médica y salió de la Torre Venezuela, ubicada en la avenida Bolívar de Valencia. Según un comunicado publicado por Voluntad Popular, Carlos Graffe había sido operado de emergencia por esos días y aún estaba convaleciente de una condición renal. Así que, ese 13 de julio, le tocaba hacerse un chequeo de salud. Luego de terminar su consulta, Graffe se retiró del edificio. Cuando pretendía montarse en su vehículo, un grupo de funcionarios del Sebin salió de una Jeep blanca y lo interceptó. “Ayúdenme, esto es un secuestro”, gritó desesperado, pero de nada sirvió. Lo subieron a la camioneta y se lo llevaron. Ese mismo día, minutos más tarde, la Policía de Carabobo tuiteaba lo siguiente: ‘Informa la PNB: detenido Carlos Graffe con explosivo C4, cordón detonante y cohetones con clavos adheridos con cinta adhesiva’. El diputado Ángel Álvarez no tardó en dar un diagnóstico: tras el caso Gilber Caro, el Plan Siembra contra los dirigentes de Voluntad Popular continuaba en Carabobo. “Mi hijo ha usado como armas sus ideas, su conciencia, principios y valores democráticos. Si hablamos de armas ha usado siempre un megáfono para coordinar, animar y comprometer a la gente”, le dijo Oswaldo Graffe a El Nacional el 14 de julio. Para él, la detención de su hijo se debía a motivos políticos, precisamente, por militar en el partido fundado por Leopoldo López. Carlos recibió privativa de libertad en tribunales militares el 15 de julio y le ordenaron reclusión en la cárcel de Ramo Verde. Estuvo aislado 18 de sus primeros 20 días, período tras el cual su madre pudo verlo. “Está más flaco y nos preocupa su condición porque tiene piedras en los riñones que hay que extraerlas para evitar que se le presente una emergencia médica”, indicó. Ayer se cumplieron 45 días desde su detención y aún no ha sido posible que su abogado, Luis Armando Betancourt, reciba el acta y los oficios para la defensa. Hoy, fecha tope para la audiencia de Carlos, Betancourt informó que si el MP no ha acusado al dirigente, éste debería salir en libertad.

Roberto Picón: 16 días encerrado en un baño

Si no fuera trágico sería risible: tener un pisapapeles con forma de granada fragmentaria fue una de las cosas que le costó a Roberto Picón (ingeniero de sistemas y jefe de la Secretaría Técnica de la MUD) la libertad. Según se detalla en un informe de Provea, el curioso objeto fue uno de los elementos de convicción de los que se valió el Tribunal Militar Tercero de Control (a cargo del juez militar Mickel Amézquita, capitán) para imputarle a Picón sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, traición a la patria y rebelión. Esa fue apenas una de las varias irregularidades de un proceso que comenzó la noche del 22 de junio de 2017, cuando 18 agentes del SEBIN asaltaron –no mediaba orden judicial alguna, por lo tanto no se le puede llamar allanamiento– la quinta 4.15 de Altamira, propiedad del ex viceministro de CAP Arístides Moreno, y donde se solían reunir miembros de la MUD. Esa noche secuestraron –no había orden de detención ni se estaba en presencia de delito flagrante– a Picón y a Moreno. Los incomunicaron y ruletearon por varias comisarías, hasta dejarlos en El Helicoide. Luego, los separaron. Picón pasó cuatro días –la ley establece un plazo máximo de dos– cautivo y sin audiencia de presentación, pero ya estaba sentenciado: en su tribunal televisivo (“Los domingos con Maduro”) el dictador lo acusó de estar preparando una operación de intervención del sistema del CNE: “La persona que dirigía esto es Roberto Picón, muy íntimo de Capriles, tenía un bunker de hackeo del poder electoral”. Eso fue el 25 de junio. Al día siguiente, diligentes, lo llevaron ante un Tribunal Militar (siendo él civil), que con los frágiles elementos de convicción antes descrito le imputó tres delitos del Código de Justicia Militar y le puso como lugar de reclusión El Helicoide. Allí durante 16 días (01 de agosto – 17 de agosto) estuvo encerrado en un baño sin ventana, donde no entraba aire fresco ni pegaba la luz del sol y en cuyo suelo, sobre una colchoneta, dormía. Las condiciones mejoraron desde esa fecha, pero aún no ha obtenido la libertad.

¿Qué hicieron con él?

Pasan los días y con ellos aumenta la incertidumbre. ¿Qué pasó con Baduel? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué no aparece? Familia y abogados tienen las manos vacías: sólo saben que la madrugada del 08 de agosto desapareció de la cárcel de Ramo Verde. Eso es todo lo que hay. El resto, son conjeturas tejidas en medio de un silencio de 16 días que cada vez preocupa más. Este domingo, en el Carrusel Político de ‘La Razón’ lanzaron tres hipótesis: que lo habrían llevado a ‘La Habana’ para torturarlo; que lo tendrían en una celda de castigo en La Tumba; o que se les habría muerto en medio de las torturas. Según Nelson Bocaranda, siempre bien dateado, su destino fue la aterradora prisión del SEBIN, en Plaza Venezuela. De acuerdo con el periodista, todo tenía relación con la toma del Fuerte Paramacay, lo que también fue corroborado por Sebastiana Barraez, quien en un informe publicado a principios de mes reveló que efectivamente aquella operación tenía, entre otros fines, la liberación de Baduel: “La acción arrancaría con una operación comando que rescataría al ex ministro de la Defensa de la cárcel de Ramo Verde y se alzarían algunas unidades militares”. De acuerdo con la periodista experta en fuente militar, a partir de la toma de Pamaracay comenzó una severa persecución contra todos los que tuvieran alguna relación con Baduel y por eso lo sacaron de Ramo Verde. Hasta allí todo parecía tener lógica, pero a partir de allí todo comenzó a complicarse: porque lo que hicieron fue desaparecerlo, y no han dado ninguna fe de vida. Ni siquiera una foto o un video. Nada. Está en manos de unos cuerpos de seguridad que actúan con impunidad total en un país sin estado de derecho. Y eso, en cualquier parte del mundo, es peligrosísimo…y a veces una sentencia de muerte. Van ya 16 días y la pregunta es cada vez más pertinente: ¿qué hicieron con él?

Carlos Julio Rojas: Periodista preso y torturado

La tarde del 06 de julio, Carlos Julio Rojas (32), periodista y dirigente comunitario de La Candelaria, se encontraba haciendo mercado cuando fue secuestrado por la PNB. No medió orden de captura ni tribunal alguno. No le dijeron adónde iba ni le dejaron avisar a familiares y abogados. Simplemente lo encapucharon, le quitaron sus pertenencias y se lo llevaron. Pasadas las 11 de la noche, tras casi 6 horas desaparecido, Néstor Reverol informó vía twitter que lo tenían cautivo. “Se le incautó un bolso con artificios lacrimógenos y material utilizado para actos violentos”, trinó el Ministro en la red social, aunque quienes fueron testigos de su detención insisten en que la única bolsa que tenía era la de mercado, que terminó tirada en el suelo. Tras 86 horas ruleteado por distintas comisarías (El Helicoide, CICPC, y las sedes de Boleita y Nuevo Circo de la PNB), en las que llegó a estar detenido con presos comunes y en las que fue golpeado, lo presentaron ante el Tribunal Militar Segundo de Fuerte Tiuna, que tras una larguísima audiencia le imputó los delitos traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, y le dictó privativa de libertad, con la cárcel Ramo Verde como lugar de reclusión. Se convirtió así en el primer periodista venezolano juzgado y preso por un Tribunal Militar. En Ramo Verde pasó dos semanas incomunicado y recluido en una celda de castigo de 2×2, llamada “El Tigrito”, en la que lo tenían amarrado siempre, y en la que el acceso a agua, baño y comida era selectivo. Paralelamente, grupos de encapuchados armados comenzaron a asediar a su familia en su hogar, a cuyas puertas se paraban diariamente. A través de su madre, el periodista divulgó en días pasados las condiciones en las que se encuentra actualmente: “Nos tiene hacinados, en una sola celda hay 112 personas. Gracias a ello casi no podemos dormir, ni siquiera caminar: pasamos las noches de pie. En las colchonetas duermen hasta 3 personas, no tenemos derecho a la biblioteca, esto nos mantiene aislados y en ocio”, dijo, a la vez que explicó que diariamente les sirven 60 gramos de comida…y eso cuando se portan bien.

“Lo único que hizo fue luchar por su gremio”

La mesa estaba servida: arepas, huevos revueltos y café. Era sábado por la mañana y los García se disponían a desayunar. Dieron par de mordiscos y tomaron los primeros sorbos de café, hasta que alguien tocó la puerta. La hija mayor (10) de la familia bajó corriendo a ver quién era y regresó con una noticia escalofriante: “Mamá, allá abajo está la policía y unas personas con la cara tapada”. El padre, Julio, bajó en el acto. Los funcionarios le dijeron que tenían una citación y que por favor abriese la puerta para que la firmara. Sin esperar a que los dejaran ingresar, los funcionarios saltaron el portón, le pusieron unas esposas y lo montaron en una Grand Cherokee. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se estaba llevando de su casa a Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Su esposa, con cuatro meses de embarazo, temblaba dentro del hogar mientras el cuerpo policial ponía patas para arriba la vivienda en busca de evidencias. “No pudieron conseguir absolutamente nada. Él lo único que hace es luchar por su gremio. Pedir bonificaciones, aumentos y que los hospitales tengan con qué atender a los pacientes”, contó la señora García a El Carabobeño. La afectada denuncia que la detención tiene tres motivos: su esposo es un defensor de los derechos de los enfermeros, ha llamado a protestas pacíficas para que su gremio reciba los beneficios que le corresponden y ha expresado su tendencia política. David Torrealba, vicepresidente del Colegio de Enfermeros, agrega una cuarta causa: dejar al descubierto las fallas de los centros de salud carabobeños. Por tales razones, Julio García está detenido desde el sábado 12 de agosto. Fue imputado en Fuerte Tiuna el lunes siguiente por presunta vinculación con el armamento que se sustrajo de la 41 Brigada del Fuerte Paramacay y lo enviaron a Ramo Verde. Allí sufrió una crisis hipertensiva, por lo que tuvo que volver el 15 a la sede del Sebin en Naguanagua para que le tratasen su delicado estado de salud. Dos días después, volvió a la prisión militar. El martirio para García empezó cuando Gustavo González López, director general del Sebin, lo acusó de estar implicado en el alzamiento militar ocurrido en Carabobo el pasado 6 de agosto.

Lisbeth Añez: Presa por ayudar

“Estoy detenida, avísale a tu hermano”. Esas fueron, por mucho tiempo, las últimas palabras que Luis González Añes escuchó en boca de su madre. Las pronunció el 12 de mayo pasado, cuando a punto de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, donde se trataría una hepatitis, funcionarios de la DGCIM la detuvieron. “Sobre usted pesa una orden de captura”, le dijeron en la zona de abordaje, y se la llevaron. Estuvo desaparecida por horas hasta que la ubicaron en Fuerte Tiuna, donde inmediatamente fue puesta bajo la jurisdicción de un Tribunal Militar: la audiencia empezó a las 4:30 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana con una sentencia desfavorable: rebelión militar y traición a la patria. ¿Cuáles fueron las pruebas? Audios y conversaciones de WhatsApp sacados de su teléfono, de cuya existencia dudan sus abogados –“para nosotros no existen porque nunca nos los enseñaron”–. Todo parece indicar, más bien, que lo que en realidad le cobraron fue otra cosa: su labor solidaria y humanitaria a favor de los presos políticos. Y es que desde 2014, Lisbeth Añez se convirtió en una activa colaboradora con la causa de los jóvenes presos durante las protestas de ese año, a los que consecuentemente, casi todos los fines de semana, visitaba en las distintas cárceles donde estaban recluidos (Ramo Verde, El Helicoide o El Rodeo), para llevarles comida, medicina, libros, periódicos y ropa, lo que a veces ni sus propias familias hacían. Esa solidaridad, que le ganó el nombre de ‘Mamá Lis’, se la cobraron con cárcel y silencio. Nomás recibir sentencia fue recluida en El Helicoide, donde la mantuvieron completamente aislada durante 24 días, en los que le impidieron cualquier tipo de comunicación con familiares y abogados. “No entendía por qué nadie me visitaba o preguntaba por mí”, le confesó a su hijo entre lágrimas el 04 de junio, cuando por fin pudo verlo. Desde entonces (el sábado cumplió 100 días), le permiten la visita dos veces a la semana. Es la única concesión que hacen: no le permiten recibir el tratamiento para la hepatitis, ni tampoco la trasladan a tribunales para su audiencia preliminar, que ha sido diferida ya tres veces.

Raúl Isaías Baduel: 10 días desaparecido

“El General Baduel, nuestro Ministro de la Defensa y uno de los hombres que se convirtió en bastión de la resistencia popular, en bastión de la victoria revolucionaria. ¡Que viva el General Baduel! ¡Aquí estamos, hermano de toda la vida, después de tantos años, Raúl Isaías, podemos decir delante de la nación: todo ha valido la pena y todo valdrá la pena! ¡Aquí estamos los soldados y el pueblo venezolano dispuestos a hacer patria!”. Así valoraba Hugo Chávez a Raúl Isaías Baduel hasta que al General se le ocurrió llevarle la contraria públicamente al Comandante Supremo. Quien fuese el líder de la operación cívico-militar que le devolvió el poder al nativo de Sabaneta en aquel abril de 2002 pasaría a ser enemigo número uno de la Revolución Bolivariana cinco años más tarde, tras oponerse al referéndum constitucional promovido desde el gobierno. “Soy un preso de Hugo Chávez”, llegó a decir luego de ser condenado en 2010 a casi 8 años de cárcel por la apropiación indebida de dinero del Estado. Según Raúl Isaías, su hermano de toda la vida, su amigo del alma, su compadre, lo había metido preso porque ese era el destino de todos los que contrariasen los caprichos autoritarios del líder del extinto MVR. La medida, cuenta el General, fue pensada años atrás desde Cuba y con la participación de la mente perversa de Fidel Castro. Baduel era un peligro para el proyecto socialista. Luego de cumplir siete años y once meses de prisión, y en vísperas para salir en libertad, el Tribunal Primero de Ejecución de Caracas dictó dos nuevos delitos en marzo de este año. Permanecería en prisión. Mientras cumplía condena, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo sacaron en la madrugada del 8 de agosto de la cárcel de Ramo Verde, y hoy, diez días después, no se sabe nada de su paradero. ¿Por qué rescaté a Hugo Chávez? La pregunta debe atormentarle cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Desde donde quiera que esté, Raúl Isaías debe estar arrepentido.