Juan Pedro Lares: Rehén de los gánsters revolucionarios

Como toda película de gánsters, esta arranca con varias amenazas: las que constantemente recibía el político merideño Omar Lares por atreverse a oponerse al gobierno revolucionario en un estado rojo-rojito como lo era Mérida a principios del 2000. Como toda película de gánsters, esta continúa con dos atentados: el que Lares sufre en el año 2005, cuando le propinan 3 disparos; y del que es víctima en 2010, cuando los colectivos roban y asaltan su casa. Y como toda película de gánsters esta termina con un secuestro: el que los cuerpos represivos de la dictadura llevan a cabo contra su hijo. Es 30 de julio de 2017 y Lares, eterno sobreviviente de mil peligros, tiene tres años como Alcalde del Municipio Campo Elías, en Mérida. El ejercicio del cargo no ha sido nada sencillo: en su municipio ha habido protestas desde abril, él no las ha reprimido y la dictadura lo tiene, una vez más, en la mira. Ese domingo, el del fraude constituyente, a la par que inventaba votos, la revolución también irrumpe en su casa con una orden de captura emitida por el TSJ. Más de cien efectivos del SEBIN, la PNB, la GNB y los Tupamaros se hacen presentes con todo su aparataje. No pueden derribar la puerta principal, y entran por una ventana. Es una vieja casona colonial la que habita Lares, con patio interno, mil puertas y techos bajos, lo que le permite escapar por una de las puertas traseras. Toda la familia corre con él, pero el hijo mayor, Juan Pedro Lares Rangel, de 23 años, se queda atrás. “No te preocupes que a mí no me van a hacer nada”, le dice al padre, sabiéndose inocente. Pero sí le hacen: lo arrestan y desaparecen. ¿Por qué? Porque la de la revolución es una película de gánsters en la que secuestran y toman como rehenes a familiares para torturar a sus adversarios. En el caso de Juan Pedro Lares no había delito ni mucho menos orden de captura: sólo el vínculo afectivo y consanguíneo. Gestiones diplomáticas (Lares es ciudadano colombiano) hicieron que a los días se supiera su paradero: la sede del SEBIN, en El Helicoide, donde cumple hoy un mes detenido por ser hijo de un alcalde rebelde.

“Lo único que hizo fue luchar por su gremio”

La mesa estaba servida: arepas, huevos revueltos y café. Era sábado por la mañana y los García se disponían a desayunar. Dieron par de mordiscos y tomaron los primeros sorbos de café, hasta que alguien tocó la puerta. La hija mayor (10) de la familia bajó corriendo a ver quién era y regresó con una noticia escalofriante: “Mamá, allá abajo está la policía y unas personas con la cara tapada”. El padre, Julio, bajó en el acto. Los funcionarios le dijeron que tenían una citación y que por favor abriese la puerta para que la firmara. Sin esperar a que los dejaran ingresar, los funcionarios saltaron el portón, le pusieron unas esposas y lo montaron en una Grand Cherokee. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se estaba llevando de su casa a Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Su esposa, con cuatro meses de embarazo, temblaba dentro del hogar mientras el cuerpo policial ponía patas para arriba la vivienda en busca de evidencias. “No pudieron conseguir absolutamente nada. Él lo único que hace es luchar por su gremio. Pedir bonificaciones, aumentos y que los hospitales tengan con qué atender a los pacientes”, contó la señora García a El Carabobeño. La afectada denuncia que la detención tiene tres motivos: su esposo es un defensor de los derechos de los enfermeros, ha llamado a protestas pacíficas para que su gremio reciba los beneficios que le corresponden y ha expresado su tendencia política. David Torrealba, vicepresidente del Colegio de Enfermeros, agrega una cuarta causa: dejar al descubierto las fallas de los centros de salud carabobeños. Por tales razones, Julio García está detenido desde el sábado 12 de agosto. Fue imputado en Fuerte Tiuna el lunes siguiente por presunta vinculación con el armamento que se sustrajo de la 41 Brigada del Fuerte Paramacay y lo enviaron a Ramo Verde. Allí sufrió una crisis hipertensiva, por lo que tuvo que volver el 15 a la sede del Sebin en Naguanagua para que le tratasen su delicado estado de salud. Dos días después, volvió a la prisión militar. El martirio para García empezó cuando Gustavo González López, director general del Sebin, lo acusó de estar implicado en el alzamiento militar ocurrido en Carabobo el pasado 6 de agosto.