Alerta roja: el totalitarismo de extrema izquierda no es un mito

Tengo un amigo que recién leyó 1984 el año pasado. Es venezolano y vive en Buenos Aires. Se fue para allá luego de padecer la crisis que instaló el régimen. En Venezuela fue profesor universitario y trabajó en una prestigiosa unidad de investigación. En Argentina se desempeña como repartidor, actividad para la cual tuvo que aprender algo esencial que sus años de estudio no le enseñaron: manejar bicicleta. Aunque trabaja fuera de su área, y en algo que espera que no le toque hacer mucho más tiempo, dice ser feliz: en el súper mercado siempre se consiguen sus galletas preferidas y al fin se pudo mudar solo con su novia. Esta última, por cierto, está de fiesta: ahora encuentra toallas sanitarias sin sentir que emprende la búsqueda de las ocho esferas del dragón.

Mi amigo, como dije, recién leyó 1984 en el 2018, lo cual es una especie de guiño irónico: 34 años después del futuro apocalíptico pronosticado por George Orwell, él concluyó que había vivido su propia versión de la novela en Venezuela. ¿Adivinan quién sería nuestro Gran Hermano?

Este 10 de enero, quienes han creado un Estado-mágico en el que se vive según su antojo y sus normas se autoproclamarán amos supremos del país por más tiempo, pese a que la mayoría de la población los rechaza y a que la palabra elecciones se deformó hasta leerse como fraude. Así lo entiende la mayor parte de la comunidad internacional, que manifiesta abiertamente su rechazo hacia el régimen totalitario de Venezuela y hacia sus representantes, por lo que amenaza con aumentar las sanciones que ya empezaron en el 2018.

Sabemos que 1984 aún no ha llegado porque en la población todavía existe la esperanza de cambio. Lejos de ser autómatas que siguen órdenes –aunque muchos no están lejos de llegar a ese estado de disociación–, hay una importante cantidad de venezolanos en Venezuela que hacen frente a la crisis y a sus problemas con creatividad, estoicismo y convicción. Lo que, sin duda, es una elegante forma de resistir los embates de ese gigantesco pulpo rojo que amenaza con meter sus tentáculos en cada hogar. En un territorio destruido, hay muchos que están empeñados en construir país.

Mi amigo, digámosle Luis, sintió que una flor se moría dentro de su estómago cuando llegó al final de la novela de Orwell. ¿Esa sensación es el futuro que nos espera a los venezolanos? Él quiere creer que no, pero hay dos cosas que no conviene soslayar. Uno, es innegable que ese movimiento político y social que empezó a secuestrar al país hace 20 años se inspiró en los peores regímenes totalitarios y en la narrativa apocalíptica de obras como 1984. Y dos, nada garantiza tanto una decepción como las expectativas exageradas.

Hace tiempo que renuncié a pronosticar. Venezuela me ha enseñado algo: todo es posible. Pero quien a estas alturas no sepa que el Niño Jesús son sus padres, está condenado a recibir más golpes (estos sí metafóricos) que los diputados opositores en la Asamblea.

El 10 de enero es una fecha más en el calendario. Una fecha en la que un régimen busca seguir dando pataletas de ahogado, para extender su reinado lo más posible y llevarse por delante (entiéndase matar, secuestrar o anular) a cualquiera que se oponga. Una fecha en la que alimentará una narrativa que ya se cae por el peso de la realidad. Y una fecha en la que, al fin, la mayor parte del resto del mundo terminará de rechazar oficialmente lo que representa.

Pero eso no significa que un meteorito va a caer de ipso facto y extinguirá a los dinosaurios.

La oposición venezolana necesita construir una narrativa creíble y que represente a la inmensa mayoría que rechaza al régimen pero que, al mismo tiempo, los ve con escepticismo. Necesita documentar y denunciar en todo el planeta lo que sucede en el país, y debe cohesionarse para conectarse con las personas. Todo esto si no quiere escenificar la precuela de una ficción en la que la palabra oposición ya no aparece en el diccionario.

Por estos días Jair Bolsonaro asumió la presidencia en Brasil. Sus declaraciones y su desfachatez lo hacen ver como el otro polo político de aquél presidente venezolano que llegara al poder en 1999. Por eso, y por sus simpatías con Trump, muchas agencias internacionales de noticias se refieren a él como el presidente de “extrema derecha”. Lejos de querer ir en contra de tal afirmación, solo me resulta curioso que esas mismas agencias no menten al régimen venezolano y a toda su estructura fraudulenta con los sustantivos adecuados. O que no lo hagan, al menos, con tanta insistencia.

Luis quedó destrozado al terminar el libro. Ojalá logremos que todos sepan que, si algo no cambia pronto, el 2020 venezolano puede quedar en 1984.

 

Por Lizandro Samuel | @LizandroSamuel 

Dolor país, las protestas de 2017 y sus secuelas

Venezuela fue sacudida en 2017 por un nuevo ciclo de protestas ciudadanas que duró cuatro meses y dejó un amplio saldo de personas fallecidas, heridos y presos políticos. Al final, este movimiento se agotó sin una clara resolución de la crisis política y económica que padece el país. Hoy se observa un incremento del autoritarismo, de la militarización y de la crisis, pero al mismo tiempo se percibe un creciente descrédito opositor. Tanto la Asamblea Nacional como la Asamblea Nacional Constituyente son instituciones desprestigiadas. Y todo apunta a una convivencia cada vez más precaria, con una población cada vez más vulnerable y sin salidas a la vista.

El 27 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió las sentencias 155 y 156 que, entre otras cosas, declararon a la Asamblea Nacional en desacato, retiró la inmunidad parlamentaria y ordenó que, “mientras persista la situación de desacato”, esa misma sala ejercería las competencias parlamentarias. Acciones que fueron evaluadas tanto dentro del país como a nivel internacional, particularmente a través de la OEA y el alto comisionado de las Naciones Unidas, como un golpe de estado judicial o un “autogolpe”. Las sentencias eran parte del enfrentamiento entre la Asamblea Nacional, como único poder bajo el control de la oposición política, elegida a través del voto popular en 2015 y el resto de las instituciones del Estado bajo el control del chavismo. Sin embargo, al día siguiente, de manera sorpresiva, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, otrora aliada del Gobierno, se declaró en contra de ambas sentencias por representar “una ruptura del orden constitucional”, develando una fisura importante dentro del poder gubernamental.

Las sentencias condujeron a protestas a partir del 30 de marzo, a pesar de que Maduro ofreció mediar en lo que denominó como “un impasse”, convocando al Consejo de Defensa. Al día siguiente, 1 de abril, el Tribunal Supremo emitió en su página de Internet una nota “suprimiendo” los contenidos de las sentencias 155 y 156 referidos a la inmunidad parlamentaria y a la adjudicación a la sala constitucional de las competencias parlamentarias, como respuesta al exhorto de ese Consejo.

El 30 de marzo se produjeron manifestaciones de grupos estudiantiles frente al Tribunal Supremo de Justicia, junto a parlamentarios de oposición que llegaron a escaramuzas con la Guardia Nacional Bolivariana, lo que condujo a un ciclo de protestas que duró cuatro meses.

Dolor país, las protestas de 2017 y sus secuelas

Antecedentes

Para comprender el estallido en la calle es crucial entender las tensiones políticas heredadas del año anterior. En el 2016 la oposición, representada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que para el momento reunía a 19 partidos políticos, luego de un debate más o menos amplio, se decantó por presionar para la realización del referéndum revocatorio, que según establece la Constitución permite solicitar la revocatoria del presidente, pasada la mitad de su período de ejercicio. De hacerse la consulta la salida de Maduro lucía inminente, dado que su rechazo según las encuestas de opinión rondaba el 80%[1]. El referéndum fue dilatado con múltiples argucias por el Gobierno en sus distintas fases. Lo que impulsó a la oposición a convocar protestas masivas.

El 21 de septiembre el Consejo Nacional Electoral finalmente aprobó la recolección de firmas para la activación definitiva del Referéndum. A esa recolección de firmas el CNE le haría luego una auditoría, lo que conduciría a que, según declaraciones de la Presidenta del Consejo, se realizara el referéndum definitivo a comienzos de 2017. La oposición accedió asistir a la recolección de las firmas bajo protesta por las condiciones que consideraron inconstitucionales. Sin embargo, ni siquiera se llegó a esa recolección de firmas ya que, el 20 de octubre, cuatro tribunales estatales suspendieron el proceso.

La medida avivó aún más las protestas callejeras, entre las cuales el 26 de octubre se convocó a la Gran Toma de Venezuela reportada, por los medios internacionales, como una manifestación de “cientos de miles” de personas[2]. Esa marcha dejó a un fallecido y más de un centenar de heridos y detenidos.

El mismo día que los tribunales suspendieron el revocatorio, Maduro salió de manera sorpresiva a una gira que culminó con una visita al Vaticano. Allí el Gobierno solicitó al papa que fungiera, junto a los ex presidentes de España, Panamá y Santo Domingo, como mediador en una nueva ronda de diálogo con la oposición. Oferta que fue aceptada por la oposición, a pesar de un fuerte escepticismo. Para arrancar el diálogo, la oposición concedió suspender la marcha que se había convocado al palacio presidencial de Miraflores para el 2 de noviembre, lo que condujo a la desmovilización ciudadana que había comenzado a cobrar fuerza.

A las pocas semanas ya el Vaticano expresó dudas sobre la voluntad del Gobierno de cumplir las promesas hechas en el diálogo y para mitad de enero de 2017 ya se había retirado del mismo. Lo que dejó a la oposición con las manos vacías. La opinión pública declaró a Maduro victorioso al haber logrado mantenerse en el poder evitando el referéndum revocatorio y desmovilizado las protestas en la calle.

Todos estos hechos acrecentaron el escepticismo en la posibilidad de salidas negociadas o electorales, así como la desconfianza tanto en el Gobierno como en la oposición. Este recelo quedó evidenciado, por ejemplo, con la encuesta LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt, que levantó datos en Venezuela entre octubre de 2016 y enero de 2017. Dicha encuesta encontró, entre otras cosas, las percepciones más negativas de la economía del país en diez años con un 90% de las personas respondiendo que la situación había empeorado, 66% de la población opinando que Maduro debió haber dejado la presidencia por vía de la renuncia o el referéndum revocatorio, así como la satisfacción más baja con la democracia reportada por la encuesta en diez años, ubicándose apenas en un 26,5% de los encuestados[3].

Todo esto corrió paralelo a una situación económica cada vez más apremiante. Ante la falta de datos emitidos por el Banco Central de Venezuela, la Asamblea Nacional calculó la inflación anualizada hasta marzo de 2017 en 65,5%.

Las protestas de 2017

El primero de abril de 2017, la MUD volvió a convocar una marcha, luego de cinco meses de las realizadas el año anterior. El rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo fue, en esta ocasión, el disparador. Los diputados, sobre todos los más jóvenes, aparecieron liderando la movilización en las calles. La generación que surgió dentro del movimiento estudiantil en 2007 a raíz del cierre arbitrario del canal de televisión RCTV, diez años después fue protagónica en la calle a través de jóvenes políticos como Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Roberto Patiño, David Smolansky y Manuela Bolívar, entre otros.

La marcha se dirigió a las Defensoría del Pueblo exigiéndole al defensor, Tarek William Saab, un pronunciamiento en torno a los hechos recientes. En varios tramos se encontraron con barricadas de la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana, siendo finalmente dispersados con gas pimienta y perdigones. A partir del 4 de abril las protestas comenzaron a convocarse a diario con escaramuzas cada vez más intensas, llegando al asesinato, el 6 de abril, de Jairo Ortiz, de 19 años, quien fue asesinado de un disparo en el pecho realizado por un Policía Nacional Bolivariano[4]. Esto ocurrió mientras el joven protestaba. Las imágenes de represión fueron contagiando la indignación y se reprodujeron las protestas a lo largo del país. Las redes sociales jugaron un papel relevante registrando y transmitiendo muchos de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, que, además de reprimir dentro de las normas establecidas, fueron captadas cometiendo actos vandálicos, robando a manifestantes y asesinando con disparos a corta distancia.

El 18 de abril Maduro ordenó la aplicación del Plan Estratégico Cívico-Militar Zamora, que entre otras cosas implica “un despliegue de fuerzas militares, fuerzas milicianas y fuerzas populares”[5]. Lo que, dicho de otra manera, oficializó la incorporación de grupos armados paraestatales a la represión. De manera reiterada se observó el uso de “colectivos” armados, o grupos de civiles aliados al chavismo para intimidar a la oposición.

La oposición declaró a través de sus liderazgos que se mantendría en la calle hasta restablecer el orden constitucional, abrir un canal humanitario para atender a la crisis y liberar a todos los presos políticos. Las protestas fueron continuas durante cuatro meses hasta los primeros días de agosto. La Fiscal General contabilizó que en ese tiempo se produjeron 121 muertes y casi 2000 heridos. Fuentes periodísticas, haciendo seguimiento de los reportajes colocaron la cifra más bien en 157 asesinatos[6]. Lo cual hablaría de casi dos personas asesinadas por día. En realidad la letalidad de la represión fue incrementándose con el paso del tiempo llegando a días como el 30 de julio, en que se reportaron 12 asesinatos en distintas circunstancias. Asimismo la ONG Foro Penal contabilizó 5.092 arrestos de los cuales 1.325 personas permanecían en prisión a comienzos de agosto de 2017.

Como movimiento colectivo, las movilizaciones y este ciclo de protestas presentan muchas aristas. Una a destacar es la masiva participación de la población juvenil, reflejada en el saldo lamentable de 77 de los asesinados que tenían 25 años o menos, y por lo menos 11 de los cuales eran menores de edad[7],[8]. Los jóvenes desarrollaron sus propios códigos y, en última instancia, sus propias lógicas de participación.

En la Plaza Altamira, pude observar muchas de esas protestas a lo largo de los meses. Fue evidente el cruce de distintas perspectivas y el contagio emotivo que en un principio impulsó la dimensión y la intensidad de las protestas en el país. En la plaza se observó la variedad de movimientos: estudiantes universitarios, representantes de los partidos políticos, organizaciones civiles, una gran masa anónima, que incluyó a muchos jóvenes que fueron generando toda una indumentaria de protesta con máscaras de gas, escudos de madera pintados y bombas caseras.

Manuel Llorens

La ciudadanía en general dio pie a múltiples expresiones distintas que se conjugaron en la calle. Movimientos como el Laboratorio Ciudadano de Protesta No-Violenta intentaron servir de plataforma para coordinar e impulsar distintas expresiones. Aparecieron protestas creativas como Dale Letra usando pancartas y consignas originales que intentaban llegar al comienzo de las marchas; “Canta el Pueblo” y “Las Piloneras”, usaron canciones para darle voz al reclamo. Los músicos, muchos de ellos miembros del Sistema de Orquestas Juveniles, tantas veces utilizado por el Gobierno como emblema, participaron activamente con sus instrumentos, convirtiéndose tanto en víctimas como en símbolos de resistencia. La muerte de un joven violinista de diecisiete años, miembro del Sistema, llevó a que el Director de Orquestas de fama mundial, Gustavo Dudamel, quien aparecía a menudo en actos oficiales, declarara su rechazo a la represión.

Muchas esferas de la sociedad se sumaron al reclamo. Por ejemplo, los deportistas, que en general han sido de los sectores menos involucrados en el conflicto político, reprodujeron videos con proclamas contra el Gobierno. En el fútbol, los jugadores de varios equipos profesionales solicitaron permiso para hacer un minuto de silencio en honor a los caídos, pero la petición fue rechazada por la Federación Venezolana de Fútbol. En respuesta, los jugadores se pusieron de acuerdo entre ellos decidiendo que, aunque el árbitro pitara el inicio del partido, se mantendrían inmóviles, imponiendo la protesta a pesar de las presiones de los dueños de equipo, la Federación y el canal de televisión, en una modalidad original de desobediencia civil[9].

El hijo del Defensor del Pueblo publicó un video declarándose opositor al Gobierno y reclamándole al padre la represión contra las protestas y los dos asesinatos del día anterior, diciendo “pude haber sido yo”, lo cual condujo a expresiones similares de familiares de gobernantes. Médicos y estudiantes de medicina se organizaron en lo que llamaron la “Cruz Verde”, ofreciendo auxilio a los heridos durante las marchas[10].

En paralelo también se fueron conformando grupos de protesta violenta. En las marchas eran evidentes distintos grupos de diez a quince jóvenes encapuchados que se llamaban a sí mismos “guerreros” y que iban a la cabeza de la marcha dispuestos a devolver las bombas lacrimógenas y lanzarles piedras y bombas molotovs a la Guardia. Paulatinamente este grupo heterogéneo de jóvenes sin rostro se fue identificando como la llamada “Resistencia”. En entrevistas concedidas a medios internacionales se identificaron como estudiantes universitarios algunos, trabajadores otros, conectados a través de las redes sociales, en anonimato para no ser perseguidos por el Gobierno, opositores al mismo, pero cada vez más en desacuerdo tanto con los políticos de la oposición como con las expresiones de protesta no-violenta[11],[12].

En medio de las tensiones entre los que argumentaban a favor de la protesta pacífica y los que argumentaban lo contrario, el 27 de junio un funcionario de la policía científica robó un helicóptero, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y lanzó una granada, además de enviar un video llamando a la rebelión. El policía, Oscar Pérez, logró escapar y a los días apareció de imprevisto en una marcha. El llamado de Pérez no tuvo mayor eco dentro de las Fuerzas Armadas y fue difícil de interpretar para la mayoría de la población que desconfió de la autenticidad del gesto. Meses después, en enero de 2018, su asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del Estado evidenció que Oscar Pérez apeló a un grupo de la llamada resistencia, que juntaron esfuerzos para intentar una insurrección violenta contra el Gobierno.

Esta heterogeneidad efervescente que en principio fue contagiosa, paulatinamente evidenció la ausencia de un liderazgo opositor claro que pudiese canalizarla. La coalición de partidos en la MUD, liderados principalmente por Primero Justicia donde milita Hernrique Capriles, Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, tuvo graves dificultades para articular una estrategia coordinada. A pesar de que en las primeras convocatorias se vio de manera significativa el liderazgo de políticos de la oposición y que la represión gubernamental generó una indignación que multiplicó las protestas, en el camino, especialistas advirtieron que las mismas se fueron “anarquizando”, aumentó la violencia y el liderazgo opositor perdió fuerza para conducirlas[13].

La MUD, que había logrado un éxito importante en las elecciones legislativas de 2015, bajo la presión de las protestas, se resquebrajó. Intentando canalizar el malestar hacia manifestaciones cívicas, en varias ocasiones líderes de la oposición dieron mensajes contradictorios sobre los mecanismos y las horas de protestas convocadas. Además la presión de los mismos manifestantes en la calle a menudo condujo las protestas en direcciones distintas, rebelándose a los mensajes de los políticos.

Mientras eso ocurría en las calles, multitud de eventos políticos fueron ocurriendo que influyeron en el curso final. El 27 de abril el Gobierno comunicó su retiro de la Organización de Estados Americanos. El primero de mayo Maduro solicitó la realización de unas elecciones para formar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con facultades plenipotenciarios para redactar una nueva Constitución y se fijó la fecha de la elección para el 30 de julio.

Protestas

El conflicto entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía continuó. El 27 de junio el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó al Defensor del Pueblo competencias de la Fiscalía y el 4 de julio, el mismo tribunal pasó por encima de la Asamblea Nacional designando una nueva Vice-Fiscal. Evidentemente rechazada dentro de la institución, en un episodio rocambolesco, intentó tomar el cargo ingresando escondida en la maleta de un auto a la sede del instituto, siendo descubierta y desalojada. El 5 de julio, grupos chavistas armados irrumpieron en la Asamblea Nacional e hirieron a varios parlamentarios. Grabaciones de las comunicaciones entre los grupos de choque y la Guardia Nacional encargada de custodiar el palacio legislativo evidenciaron la coordinación entre ambos grupos[14].

El 8 de julio, Leopoldo López, el preso político más reconocido, condenado a catorce años de cárcel luego de las protestas de 2014, fue sorpresivamente enviado a su casa a un régimen de casa por cárcel, disparando todo tipo de rumores sobre negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

Pero fue la elección e instalación de la ANC la que marcó de manera definitiva el curso de las protestas. La MUD rechazó participar en esas elecciones reclamando que el presidente no tiene la facultad de convocarla y las reglas de la votación contravenían el principio democrático de que a cada persona le corresponde un voto, al organizar una elección “sectorial y territorial”. Como expresión de rechazo la MUD realizó su propio referendo sin concurso del Consejo Nacional Electoral, el 17 de julio, preguntándole al país si rechazaba la convocatoria a la ANC, reportando que lograron más de siete millones de votantes.

Nada detuvo, sin embargo, la iniciativa del Gobierno. El 30 de julio llevaron a cabo las elecciones y el 4 de agosto instalaron la ANC. El Gobierno afirmó haber superado los ocho millones de votantes, a pesar de que el mundo entero lo declaró un fraude, incluyendo la misma empresa encargada de contabilizar los votos[15]. A pesar del fraude, la reacción de la oposición fue desarticulada y débil. El Gobierno convocó inmediatamente a nuevas elecciones regionales y estatales lo que generó un nuevo debate entre participar o no. El mismo día en que se denunció el fraude, el presidente del partido Acción Democrática, sin consultar con los otros partidos, anunció que ellos irían a esas elecciones.

La elección de la ANC desinfló definitivamente las protestas. Tanto estas como la presión internacional no lograron evitar su instalación, como se había prometido. La fractura dentro del chavismo que se pretendió impulsar con las protestas a partir de la separación de la Fiscal tampoco sucedió[16]. En cambio la MUD acabó seriamente herida y en desbandada. El 8 de agosto Maria Corina Machado, una de las líderes más críticas, y su partido anunciaron su retiro de la Unidad.

Consecuencias

Los meses de conflicto dejaron un saldo doloroso para el país lleno de duelos por pérdidas de personas queridas, más presos políticos, agudización de la fractura entre las partes, pérdida de esperanza en salidas de la crisis, mayor presencia militar, así como la imposición a la fuerza de una instancia plenipotenciaria en teoría pero sin legitimidad en la práctica.

El chavismo logró sobrevivir con el poder, con fracturas menores (como lo fue la separación de la fiscal, junto a una ex defensora del pueblo y dos diputados, quienes se pronunciaron de manera pública contra la ANC). Los rumores sobre tensiones internas abundan pero solo se han evidenciado en cruces de órdenes contradictorias en algunos eventos públicos. De manera visible, la separación de la fiscal vino antecedida por órdenes de excarcelación emitidas por este organismo que los cuerpos policiales se negaron a cumplir, en algunos casos durante meses. Asimismo, llamó la atención que la suspensión del Referendo Revocatorio de 2016 lo hicieran tribunales estatales en estados dirigidos por ex militares (y no el Tribunal Supremo de Justicia), luego de que el Consejo Nacional Electoral hubiese fijado la fecha. Finalmente, en el operativo para arrestar al disidente Óscar Pérez y su grupo, se grabaron videos y audios que evidenciaron pugnas en la toma de decisiones, de manera notoria, entre cuerpos policiales y militares. Otra muestra visible de la lucha interna surgió en noviembre cuando el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, otrora cercano a Chávez y ex presidente de PDVSA, fue destituido y posteriormente acusado de corrupción junto a un grupo cercano de colaboradores.

Ante la fragmentación interna, unida a la pérdida de apoyo popular y la fuerte crisis económica, la militarización y la represión ha ganado cada vez más terreno. Para el 2016 las Fuerzas Armadas habían más que duplicado su número de efectivos en comparación con el 2012; el porcentaje del PIB dedicado a la defensa era más del doble de lo asignado en todos los demás países latinoamericanos salvo Cuba[17]; y la presencia de militares retirados o activos en el gabinete pasó de aproximadamente del 20% en 2013 al 40% en 2018[18].

Dolor país, las protestas de 2017 y sus secuelas

Quizás la consecuencia más visible en la población es la generalizada pérdida de confianza. Las encuestas tanto nacionales como internacionales ya evidenciaban los niveles más bajos de confianza en las instituciones para el año 2015[19],[20]. A eso se le suman niveles muy altos de desconfianza interpersonal. Se ha perdido la fe en representantes, instituciones y en el colectivo. Una muestra relevante de la desconfianza generalizada es la lucha interna y el desmembramiento de la misma oposición. Sectores de la población acusan a los políticos opositores de traicionar a los manifestantes que murieron en las calles. En la medida en que se acumulan muertes en los movimientos sociales, una parte de los afectados vive como traición la posibilidad de cualquier salida negociada[21]. Si bien la popularidad del Gobierno ha continuado en caída, el apoyo a la MUD no ha incrementado. Para diciembre de 2017, en una encuesta nacional, un 61% de la población evaluaba su gestión como mala. Esa misma encuesta[22] encontró que el 57% de la población evaluaba como negativa la gestión de la Asamblea Nacional, mientras que el 74% evaluaba como negativa la gestión de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que somos un país con dos asambleas, el lugar donde supuestamente se da el debate para concretar los grandes consensos, ambas, sin credibilidad.

En resumen, hay poca fe en salidas negociadas o democráticas. Opciones como las mesas de diálogo instalada en República Dominicana, con mediadores internacionales, han sido recibidas con mucho escepticismo. Para que el diálogo funcione debe haber un mínimo de certeza de que las partes cumplirán con lo prometido[23]. El gobierno ha demostrado de manera reiterada que rompe los acuerdos a pocas horas de haberse parado de las mesas de negociación previas. De manera inquietante, expresiones de lucha armada van paulatinamente apareciendo en el panorama, como el asalto al Fuerte Militar Paramacay en agosto de 2017 y otro asalto al Fuerte San Pedro en diciembre realizado por el grupo de Oscar Pérez, que al mes fue masacrado por fuerzas de seguridad. En paralelo, la emigración se ha multiplicado a niveles nunca antes vistos, lo que refleja la pérdida de la esperanza de gran parte de la población en una salida a la crisis. No se puede perder de vista que la situación económica expresada en la hiperinflación y el desabastecimiento de comida y medicinas se ha agudizado gravemente.

Todo apunta a una convivencia cada vez más precaria y una población cada vez más vulnerable. Los niveles de sufrimiento percibidos son apabullantes. Los psicólogos han buscado maneras para describir el sufrimiento colectivo como el que estamos observando en Venezuela. Martín-Baró[24] en El Salvador acuñó el término “trauma psicosocial”, para referirse a las incontables heridas en los individuos, pero también en la convivencia producidos por la violencia política crónica. La naturalización de la violencia como la opción evaluada por la mayoría como única posibilidad, la militarización de la vida cotidiana, la institucionalización de la mentira, la imposición a la fuerza como solución a los conflictos y el desprecio por la vida humana, son marcas de ese trauma que los venezolanos estamos padeciendo. La expresión de Bleichmar “dolor país” también resulta sugerente. Ella lo definió como “la relación entre la cuota diaria de sufrimiento que se le demanda a sus habitantes y la insensibilidad profunda de quienes son responsables de buscar una salida menos cruenta.”[25]

El panorama inmediato para recuperar la convivencia y articular salidas políticas negociadas al conflicto es más bien desolador.

 

Por Manuel Llorens 

*Este texto se publicó originalmente en la revista Nueva Sociedad (Argentina).


 

[1] Keller y Asociados. Estudio de la Opinión Pública Nacional: 4to trimestre 2016. 2016. <https://es.slideshare.net/anmon12/encuesta-keller-4to-trimestre-2016>

[2] Redacción BBC Mundo. “Toma de Venezuela”: cientos de miles salen a las calles a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. 2016. <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37781493>

[3] LAPOP. America’s Barometer Brief: Venezuela 2016/17. <https://www.vanderbilt.edu/lapop/venezuela/AB2016_Venezuela_RRR_Presentation_W_052417.pdf>

[4] El Pitazo. Funcionario de la PNB fue detenido por asesinato de Jairo Ortiz. 2017.<https://elpitazo.com/ultimas-noticias/funcionario-de-la-pnb-fue-detenido-por-asesinato-de-estudiante-en-carrizal/>

[5] p. 1. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. 10 pistas para entender el Plan Zamora. UCAB. Caracas. 2017. <http://elucabista.com/wp-content/uploads/2017/05/Para-entender-el-Plan-Zamora-CDH-UCAB-1.pdf>

[6] Runrunes. Fotos/Infografía y Mapa: 157 muertos en protestas en Venezuela hasta el #13Ago. 2017. <http://runrun.es/rr-es-plus/319427/fotos-infografia-y-mapa-muertos-en-protestas-en-venezuela-parte-dos.html>

[7] Alfredo Meza. Estudiante, de 27 años y en primera línea de las protestas: el perfil de los asesinados en Venezuela. Diario El País. 2017. <https://elpais.com/internacional/2017/08/01/america/1501549008_300999.html>

[8] Carlos Trapani. Eran solo niños. La Vida de Nos. 2017. <http://www.lavidadenos.com/eran-solo-ninos/>

[9] Manuel Llorens. Protesting on the field. Caracas Chronicles. 2017. <https://www.caracaschronicles.com/2017/05/23/protesting-on-the-field/>

[10] Megan Specia. Los médicos voluntarios de la Cruz Verde, al frente de las protestas en Venezuela. The New York Times ES. 2017. <https://www.nytimes.com/es/2017/07/14/cruz-verde-venezuela/>

[11] BBC Mundo. Quienes forma “La Resistencia” que protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. 2017. <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40743203>

[12] Maolis Castro. La rebelión de los encapuchados. El País. 2017. <https://elpais.com/internacional/2017/07/26/actualidad/1501104066_003012.html>

[13] Benigno Alarcón. ¿Violencia o resultados? El Ucabista. 2017. <http://elucabista.com/2017/05/15/violencia-o-resultados/>

[14] ver: http://runrun.es/nacional/venezuela-2/316514/audio-asi-fue-como-paramilitares-y-gnb-planearon-ataque-a-la-asamblea-nacional.html

[15] Redacción BBC Mundo. Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación de Venezuela, denuncia “manipulación” en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega. agosto, 2017. <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551>

[16] Tomás Straka. El round de Maduro. Nueva Sociedad. septiembre, 2017. <http://nuso.org/articulo/el-round-de-maduro/>

[17] RESDAL. Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe. Red de Seguridad Defensa de América Latina. 2016. <http://www.resdal.org/assets/atlas-2016-esp-completo.pdf>

[18] Franz von Bergen. Más pretorianismo en el gobierno de Maduro. <https://twitter.com/FranzvonBergen>

[19] Yorelis Acosta. El Peso de la Ley: la transgresión a la norma se percibe como una práctica generalizada. SIC, 763, 100-102. 2014.

[20] Juan Trak; Lissette González y Maria Gabriela Ponce. Crisis y Democracia en Venezuela: 10 años de cultura política de los venezolanos a través del barómetro de las Américas. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2017.

[21] Daniel Bar Tal; Eran Halperin; Roni Porat y Rafi Nets-Zhengut. Why society members tend to support the continuation of intractable conflicts and resist peaceful resolution. En Golec, A. y Cichoka, A. (Eds.). Social Psychology of Social Problems. Palgrave Macmillan. London. 2012.

[22] Datanalisis. Encuesta Nacional Ómnibus, Diciembre 2017. <http://americanuestra.com/wp-content/uploads/2017/12/Encuesta.pdf>

[23] Michael Warren. Democracy and Trust. Cambridge University Press. Cambridge. 1999.

[24] Ignacio Martín-Baró. Psicología Social de la Guerra: trauma y terapia. UCA. San Salvador. 1990

[25] p. 29. Sivlia Bleichmar. Dolor País. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 2002.

Reuters cuenta la historia oculta del pran del TSJ

En un país normal, la expresión terremoto político se habría quedado corta para narrar lo que hubiera sucedido al difundirse un cable como este. En la Venezuela revolucionaria, donde toda ilegalidad es no sólo posible sino además normal, pasó desapercibido en los pocos (poquísimos) medios que se hicieron eco de él. Pero lo cierto es que el reporte especial de Reuters titulado “De cómo un juez destituido se convirtió en el principal artífice judicial del presidente de Venezuela” es una auténtica bomba informativa. Y no tanto por novedoso –algunas cosas de las que dice ya habían sido publicadas por algunos medios; nosotros, honrosamente, entre ellos– sino porque deja al descubierto, en toda su dimensión, cómo se estructura, teje y trabaja la red mafiosa que gobierna Venezuela. Elaborado a 32 manos, por un equipo de 16 profesionales de la información (entre corresponsales, periodistas y editores), este texto de la agencia británica, lleno de fuentes, datos contrastados, documentos y grabaciones, explica cómo el TSJ que sesiona en la esquina de Dos Pilitas se convirtió en lo que todos saben –y no hace falta que lo escribamos–, con un pran judicial a la cabeza. El prontuario –que no CV– de su presidente, Maikel Moreno, es diseccionado con lujo, detalle y lupa, así como sus relaciones y vínculos, esos que lo hicieron pasar de ser un juez expulsado de la carrera judicial…a presidir el poder judicial. Extorsión, tráfico de influencias y homicidio son algunas de las palabras que se cuelan en una historia, en la que hay llamadas telefónicas grabadas, informes judiciales a los que les faltan (arrancaron) páginas, juicios amañados, reportes filtrados de inteligencia, archivos que se perdieron, y un solo protagonista: Maikel José Moreno Pérez, el hombre que malpreside el TSJ y cuya historia completa, contada por Reuters, puedes (y debes) leer aquí: https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1DF1QR-OUSLD

“No hay salida democrática”

En Venezuela no hay salida democrática. Ese es el crudo diagnóstico de Ramón Muchacho, uno de los alcaldes que padeció en carne propia los zarpazos de la dictadura y que, ante su inminente detención, decidió escapar del país para seguir haciendo política fuera de las rejas. Le habían quitado su pasaporte meses atrás –cuando regresó de su gira por Chile y Perú– y no estaba dispuesto a que le quitasen también su libertad. Con contactos, dentro y fuera del país, logró escapar hacia Estados Unidos, donde le concedió una entrevista al showman y periodista estrella Fernando del Rincón. “El problema de Venezuela es mucho más grave (que las regionales). El problema real es que Venezuela es un país donde hay una dictadura y donde no hay salida democrática”, soltó convencido. Para Ramón, las posibilidades de una resolución institucional y consensuada de la crisis se fueron reduciendo en el tiempo a medida que el gobierno avanzaba con su plan dictatorial. La ANC fue el límite, la gota que rebasó el vaso, y a partir de ese momento, afirma Muchacho, la esperanza se esfumó. “Es mejor que reconozcamos la realidad y con base en eso empecemos a hacer propuestas, en vez de que nos sigamos engañando. Si todavía seguimos pensando que hay forma de sentar al gobierno para que por cualquier forma no violenta, con su participación activa y con su voluntad, entregue el poder, es porque todavía no entendemos quiénes están gobernando en Venezuela”. Entonces, ¿estaría de acuerdo Muchacho con una intervención militar?: “Cuando Trump lanza esa advertencia lo que le está poniendo es una papa caliente en la mano a los gobiernos de la región para que éstos digan: ‘Intervención militar no. La opción es esta’. Cuando encuentras que no hay opción, llegas a la conclusión de que la alternativa militar, digamos lo que digamos, condenémosla o aplaudámosla, puede terminar siendo inevitable para los Estados Unidos. Porque si tú ves las opiniones que emite la CIA, el departamento de Estado, ¿qué dicen? Que Irán está allí, Rusia está allí, Hezbollah está allí, el terrorismo está allí, allí en Venezuela”.

Ángel Zerpa: 22 días en huelga de hambre

Ángel Wladimir Zerpa Aponte muere de indiferencia en una celda de El Helicoide. Lleva 24 días detenido y 22 en huelga de hambre sin que nadie se preocupe por él. Toda la fuerza represiva de la dictadura ha caído sobre su persona. A las 6 de la tarde del sábado 22 de julio el SEBIN lo secuestró en Los Cortijos, mientras estaba con su esposa. Durante toda la noche lo ruletearon por Caracas hasta que a las 7 de la mañana de ese domingo lo ingresaron a la sede principal del SEBIN, donde lo encerraron en un baño lleno de excremento, según El Nacional. Le negaron la visita de abogados y familiares, y el acceso a los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Al día siguiente lo llevaron a juicio en un Tribunal Militar, en el que se le negó la posibilidad de tener un defensor privado y le asignaron uno público. Penalista de carrera y profesor de trayectoria –la UCV, la UCAB, la UC, la UCAT, la ULA, la USM, la UCSAR y la UJMV son las universidades donde enseñó en pre-grado y post-grado– decidió defenderse a sí mismo en un juicio que tenía perdido de antemano: traición a la patria le dictaron y se lo llevaron a El Helicoide. Dos cosas puede que le hayan cobrado: haberse juramentado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional y haber representado y defendido a Luisa Ortega Díaz en el antejuicio de mérito que el TSJ le hizo a petición de Pedro Carreño. Al salir de la audiencia, Zerpa se declaró en huelga de hambre, y desde entonces han pasado 22 días, en los cuales no le han dejado ver, ni siquiera, a su familia. “No sabemos absolutamente nada de mi papá. Todas las mañanas me levanto sin saber si está vivo o está muerto”, declaró su hija a VPI ayer. Y aunque el Ministerio Público designó a un Fiscal para el caso e intentó ingresar a El Helicoide para verificar su estado de salud, también le ha sido repetidamente negado el acceso. La última información que se tuvo, la proporcionó un abogado que accidentalmente lo vio en El Helicoide hace una semana: “No me dejen solo”, pidió Zerpa.

El trancazo que no fue

Por: Ezequiel Abdala | @eaa17

El trancazo que no fue estuvo convocado por dos diputados jóvenes, que aparte del nombre (Juan) y el cargo han compartido también el primer frente de las protestas: Requesens y Guaidó. Lo hicieron en un tono de súplica, casi de ruego: “Le pedimos al pueblo, a aquellos que nos echan sus abrazos y regaños, que lo sigan haciendo, pero que también nos acompañen en las calles (…) les pedimos que no abandonemos las calles ni el compromiso que hemos venido teniendo. Sigamos movilizándonos”. Estuvo aderezado, además, por dos hechos de alcance sucedidos en la madrugada: el asalto al Hemiciclo de Sesiones por parte de la GNB, Delcy Rodríguez y Darío Vivas, y la destitución vía TSJ del Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, con sentencia de 15 meses de cárcel.

En cualquier otro momento, habría bastado apenas uno de esos sucesos para encender la calle a niveles de la Roma de Nerón. El martes, sin embargo, no alcanzaron los tres juntos para cerrar, si quiera, la mitad de las avenidas que en cualquier otro trancazo se cerraron en el municipio al que le acaban de quitar el Alcalde. El trancazo no es que fracasó estrepitosamente, es que sencillamente no pasó, no ocurrió, no fue, y dejó en evidencia lo que desde hace días ya se advertía con bastante claridad: la total desconexión, el divorcio absoluto, entre la gente y los líderes de oposición.

El antecedente más inmediato fue el viernes pasado, en una marcha que estuvo a punto de no ser (se pospuso dos veces) y sólo al final terminó siendo, y bastante pequeña (“¿la suspendieron otra vez?”, nos preguntó a los periodistas una señora ante la poca cantidad de gente que había). Ese día, en Plaza Altamira, donde apenas había dos diputados (la mayoría de ellos se concentró en Parque Cristal, hay que decirlo), el discurso de la anti-política (o de la anti-dirigencia, para ser más precisos) fue pronunciado con ferocidad por espontáneos y aplaudido a rabiar por los presentes. Dos cosas criticaban: la inacción (ese fue el primer acto de calle luego de la elección de la Constituyente, y tuvo lugar seis días después) y la convocatoria a las regionales.

En la  marcha, el diputado Carlos Paparoni (herido con una metra en la pierna y revolcado por la ballena hasta quedar inconsciente en la autopista en manifestaciones anteriores) fue abucheado, insultado e increpado por los manifestantes mientras transitaba la Francisco de Miranda. Era el mismo Paparoni que mes y medio antes, brazo en cabestrillo, arrastraba gente al Distribuidor Altamira entre aplausos, vítores y aclamaciones incluso de los mismos encapuchados. Pero los tiempos cambiaron radicalmente.

Lo que se recoge en la calle es que la gente está entre decepcionada y dolida. Ese sábado todavía había rabia, pero ya mudó a otro estadio: la indiferencia. ‘Si lo que les importa es una cuota de poder’, razonan varios, ‘pues que vean cómo la obtienen y no cuenten más con nosotros’. Es difícil determinar si ese es el sentir de la mayoría del pueblo opositor, pero sí por lo menos de los más ligados a la resistencia, que eran los que todavía salían a la calle (que, dicho sea, se había ido vaciando paulatinamente gracias a la represión, sobre todo desde que comenzaron las emboscadas en moto, hará cosas de dos meses).

La mala noticia es que la dictadura sigue, y aunque en discursos se diga que está en su peor momento, el de la oposición no luce mejor: ha perdido, pareciera, todo vínculo con la gente. Se habla sola y a sí misma. No convence, no persuade, no convoca, no tiene con qué resistir y mucho menos con qué defenderse. A Chacao, probablemente el más opositor de los municipios (o al menos al que mayor cantidad de protestas ha congregado) y en el que se encuentran lugares emblemáticos de la lucha, le quitaron el alcalde sin protesta ni costo alguno. Y eso ya lo dice todo.

Perseguidos

Enzo Scarano (San Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal) abrieron la lista en 2014 por no impedir las protestas de la oposición. Fueron el botín que cobró el gobierno tras ‘La Salida’. Las primeras represalias que usaría Maduro para advertirle a sus detractores que municipio que protestara, municipio que perdería a su alcalde. En 2015 Antonio Ledezma ingresó al inventario rojo, aunque por otras razones: el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, según Nicolás, estaba tramando un golpe de Estado. Así que, sin más, debía ir preso. Las excusas se diversificaban, pero el plan era el mismo: debilitar el liderazgo regional de la oposición.

Las municipales de 2013, hay que decirlo, habían sido un fracaso para la MUD. El chavismo sacó del sombrero al Dakazo y esquivó lo que debió haber sido un plebiscito. La sucia maniobra bastó para que, sumado al descontento del pueblo opositor con sus dirigentes por no defender los resultados de las presidenciales de ese año, el PSUV ganase el triple de alcaldías, con 900.000 votos más (aunque con Smartmatic nunca se sabe, nunca se supo, ni nunca se sabrá). Lo cierto es que, pese al mal resultado, la Mesa de la Unidad Democrática había triunfado en las alcaldías emblemáticas y eso, para un gobierno hegemónico, era motivo suficiente para iniciar una persecución. Al mínimo descuido, e implementando cualquier excusa, los líderes regionales podrían perder su cuota de poder.

A Scarano, Ceballos y Ledezma se les han unido, ahora en 2017, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Barquisimeto), Carlos García (Mérida) y Ramón Muchacho (Chacao). Todos condenados a 15 meses de prisión por la misma razón: no reprimir protestas en sus municipios. El gobierno ya había amenazado en mayo, cuando, sentencia del TSJ mediante, informó a 10 alcaldes opositores que o impedían que se pusieran obstáculos en la vía pública o irían a prisión. David Smolansky, burgomaestre de El Hatillo, es el próximo objetivo en la cartelera del PSUV. Mañana a las 10:00 a.m. será su audiencia y sólo podemos esperar lo peor.

En Miraflores preparan sentencias del TSJ

Ya se cuentan en más de diez las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional (AN), a la que prácticamente tiene amarrada de manos. Lo llaman “conflicto de poderes”, pero es más que eso: se trata de una estrategia hecha desde el Ejecutivo para inhabilitar, bajo una apariencia de legalidad, al poder Legislativo. Manuel Isidro Molina, columnista del semanario ‘La Razón’, que ha demostrado tener fuentes más que fiables dentro del TSJ y se ha convertido en el relator de lo que allí dentro pasa, reveló este domingo cómo es que se están llevando a cabo las cosas dentro del máximo tribunal del país. De acuerdo con Molina, en el piso 5 del TSJ existe una llamada “Sala Situacional” en la que se preparan las decisiones y sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Esa “Sala Situacional”, cuyo acceso es restringido para la mayoría de los magistrados y cuenta con medidas especiales de seguridad, es regida por el magistrado Luis Fernando Damiani (designado por la otra AN en diciembre pasado) y los ex magistrados Francisco Carrasquero y Emiro García. La sala coordina directamente con la Consultoría Jurídica de Miraflores, detrás de la cual hay tres abogados que asesoran a Maduro para este fin. ¿Sus nombres? Cilia Flores, Elvis Amoroso y Hermann Escarrá, quien “está muy activo redactando sentencias”. Siempre según Molina, hay entre los magistrados de la Sala Constitucional –algunos de los cuáles han sido llamados directamente por Miraflores– cierto descontento con la situación, sin embargo, al final, todos levantan las manos y firman las sentencias.

La desvergüenza del TSJ

Era en diciembre de 2016 cuando por ley les tocaba jubilarse, pero decidieron hacerlo ahora. Hablamos de 13 magistrados de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tras una extensa reunión llevada a cabo la semana pasada tomaron la decisión de retirarse un año antes de que venciera su período. ¿Sorpresa? No, señor: era comentario ‘sotto voce’ en los mentideros judiciales. ¿Fatiga extrema como la de los grandeligas, mucho stress acumulado, demasiado trabajo en estos años? Nada de eso: motivos políticos. Muy políticos. Una movida tan maestra como desvergonzada, que se explica de la siguiente forma: jubilándose cuando les correspondía (diciembre del año que viene) sería la nueva Asamblea Nacional (AN) surgida de las elecciones de diciembre la que elegiría a sus sustitutos; pero jubilándose ahorita, será esta AN roja-rojita –que “casualmente” había abierto a principio de mes la convocatoria de las postulaciones para aspirantes a magistrados– la que elegirá en tiempo record a sus sustitutos, con los criterios que ya sabemos. Y no sólo a los sustitutos de ellos, sino también de otros 5 magistrados que en otra movida “casual” pasaron hace unos días de suplentes a principales; es decir: esta AN se despedirá nombrando ‘in extremis’ a 18 nuevos magistrados que durante 12 años -¡¡¡12 años!!!- serán parte –y no cualquier parte, sino cabezas– del Poder Judicial.